La República Argentina y la empresa YPF presentarán ante la jueza de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, un pedido de suspensión (”stay”) del inicio del juicio tras conocerse el rechazo de la apelación presentada a la Corte de Apelaciones distrital.

Fuentes oficiales informaron a la agencia estatal de noticias Télam que el argumento ante Preska al que recurrirán los abogados que llevan adelante la postura argentina será que no se inicie el juicio a su cargo hasta tanto ocurra la definición de la Corte Suprema sobre la cuestión de jurisdicción planteada por el país.

Se trata de un recurso de “certiorari” (presentación directa) que tiene pendiente la Corte Suprema, en el que la Argentina plantea la falta de jurisdicción de los tribunales norteamericanos, con el apoyo de México, Chile, Brasil y Colombia.

Las mismas fuentes recordaron que la jueza Preska ya admitió esta semana un pedido similar, por lo que se mantenía la expectativa de que pudiera admitir el pedido y suspender el inicio del proceso.

Todas las fuentes consultadas coincidieron en destacar que el proceso está en una fase preliminar, por lo que se está discutiendo es una excepción previa de jurisdicción, a partir de lo cual se dará lugar a la cuestión de fondo ya sea en la justicia argentina o estadounidense.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York denegó ayer la apelación de la Argentina y de YPF de reconsiderar su fallo de la semana pasada que dejó en firme un determinación de primera instancia en el caso iniciado por el fondo Burford Capital tras la compra del Grupo Petersen, ex accionista de la petrolera.

De esta manera, el tribunal ratificó su fallo del 19 de abril en el que había confirmado lo dispuesto en primera instancia por la Corte de Distrito Sur de Nueva York, a cargo Loretta Preska, en el que se consideró que la Argentina violó los términos de la expropiación de la empresa. Preska es una magistrada de primera instancia que reemplazó al fallecido Thomas Griesa, el juez que atendió varias causas vinculadas con los denominados “fondos buitres” que demandaron a la Argentina.

La causa -que podría contemplar una demanda por unos U$S 3.000 millones- fue iniciada por el fondo Burford luego de comprar en la justicia española los derechos para litigar, en el contexto del proceso de quiebra de las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora.

La decisión de la Corte de Apelaciones estadounidense se dio en el marco de una decisión todavía pendiente de la Corte Suprema de aquel país sobre la jurisdicción en la cual se deberá llevar a cabo el proceso, cuestión solicitada por la Argentina.

En enero pasado, el máximo tribunal norteamericano solicitó al gobierno del presidente Donald Trump opinión al respecto